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Sentencias Fiscal
El trámite de alegaciones de las partes y diligencias del Tribunal en vía económico-administrativa comporta la interrupción de la prescripción.
La parte que reclama la indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración debe probar la existencia de nexo causal entre el resultado dañoso y el funcionamiento del servicio público.
Si el momento en que se cierra el período temporal durante el cual ha estado inactiva la Administración es anterior al 1 de enero de 1999, el plazo de prescripción aplicable es el anterior de 5 años.
Para determinar la existencia de caducidad de la instancia por transcurso de más de tres meses se requiere que la Administración haya requerido al interesado con el apercibimiento de esa consecuencia.
No cabe confundir la sanción tributaria con un recargo automático de la cuota tributaria, sino que para su imposición deben concurrir los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.
Es válida la liquidación provisional suscrita con una simple rúbrica estampillada por el funcionario actuante, al tratarse de una mera irregularidad formal que no causa indefensión.
La carencia de servicios urbanísticos por parte de los terrenos sujetos al I.B.I. no determina la nulidad de la liquidación practicada, si bien debe tenerse en cuenta a efectos de la determinación de la base imponible.
Los actos interruptivos de la prescripción para con el sujeto pasivo pueden oponerse de manera eficaz contra el nuevo titular adquirente de los bienes afectos al impuesto.
A efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los parientes por afinidad quedan incluidos dentro del grupo de colaterales de segundo y tercer grado.