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El Pleno del Congreso aprueba el inicio del trámite para la modificación de las tasas judiciales

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo de Ciudadanos acerca de la derogación de las tasas judiciales establecidas por la  Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Esta iniciativa continuaría su tramitación en la Comisión de Justicia, en la que se debatirán y votarán las enmiendas al articulado y se elaborará el dictamen que deberá también ser sometido a votación antes de seguir su trámite.

Esta propuesta pretende eximir de tasas aquellas entidades sin fines lucrativos acogidas al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre referida a esta materia y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como, los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

Esta Proposición de Ley se sustenta en el objetivo de eliminar barreras económicas que supongan una limitación de acceso a la justicia.

En esta línea, la exposición de motivos del texto argumenta que, el pago de tasas judiciales por sujetos pasivos que tienen la consideración de entidades de reducida dimensión provoca en muchos casos, que no puedan acceder a la justicia, por no tenerse en cuenta su capacidad económica.

Asimismo, se expone que el pago de tasas judiciales por entidades sin fines lucrativos, supone un debilitamiento del mecanismo para hacer valer derechos constitucionales y estatutarios cuando, presuntamente, resulten vulnerados.

Se considera vital el papel de estas entidades, ya que en la mayoría de los supuestos, la ciudadanía solo ejerce acciones de esta naturaleza cuando afectan a su esfera personal, familiar y, en todo caso, privada.

La Proposición de Ley pide así, la modificación del artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

 

Fuente: Congreso de los Diputados

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