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Hablamos de un impuesto en el que las capitales de provincia recaudan nada mas y nada menos que casi 50 euros por habitante, aunque lo habitual es que obtengan unos ingresos superiores. Por ejemplo, Teruel ingresa 72,6 euros por habitante con el numerito y Vitoria, 67,7 euros.
Los contribuyentes pagan las tarifas existentes junto con el corrector que aplica cada ayuntamiento en la ordenanza fiscal, y que no puede ser superior a 2, dependiendo las cuotas de los caballos fiscales que Hacienda le aplica a cada vehículo según su motor.
La picaresca entra en juego, en el momento en el que los ayuntamientos tienen la potestad de aplicar diferentes bonificaciones en el numerito. Gracias a ello, muchos alcaldes han decidido rebajar el tributo a la mínima expresión, convirtiendo de facto sus municipios en verdaderos paraísos fiscales para los conductores.
Esto ha provocado casos disparatados, como es el de Robledo de Chavela, en la Comunidad de Madrid, que con poco más de 4.000 habitantes, matriculó más de 54.000 vehículos nuevos en 2018.
Con esta picaresca, son las empresas las principales beneficiadas, ya que con sólo abrir una sucursal en el pueblo, sin actividad o empleados pueden pagar menos por sus vehículos. Así pues, todos salen ganando pues estas ahorran una cantidad importante de dinero y los ayuntamientos reciben unos ingresos sin que sufran molestia alguna, ya que esos coches no transitan la localidad nunca.
