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El Pleno del Congreso de esta semana ha aprobado el inicio de la tramitación de la propuesta de reforma del Código Penal para revisar las condenas «piquetes» de modo que se garantice el ejercicio del derecho a huelga; y de la proposición de ley para garantizar la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género.
La sesión plenaria comenzó el martes con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para derogar la disposición del Código Penal que impone prisión de hasta tres años para quienes coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, y ordenar el sobreseimiento de las causas abiertas y la revisión de condenas impuestas a «piquetes» en aplicación de este tipo penal.
El grupo proponente argumenta que el delito de coacciones ya está tipificado, y el «tipo penal agravado de coacciones en caso del ejercicio del derecho de huelga – previsto en el artículo 315.3 del Código Penal – no solo no es necesario, sino que es contrario a los derechos fundamentales de huelga y de libertad sindical».
A continuación se debatió y aprobó la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para la mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género, de modo que tengan derecho a ella, en régimen de igualdad, cada uno de los hijos e hijas del causante, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, e independientemente de si la víctima estaba o no dada de alta o en situación asimilada.
El Grupo Socialista expone que aunque los hijos de víctimas de violencia de género son reconocidos legalmente como «huérfanas y huérfanos absolutos» por la situación de privación de libertad del padre agresor, «no siempre ven acompañado este reconocimiento por una pensión de orfandad que les proporcione una ayuda suficiente y adecuada para su resarcimiento».
