Alertas Jurídicas miércoles , 4 agosto 2021
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Las obligaciones a la intermediación fiscal y las nuevas tecnologías afectan de forma inevitable a los derechos de los contribuyentes, alerta aedaf

La XII Jornada Nacional de Estudio AEDAF ha tenido lugar hoy en el ICAM, el Colegio de Abogados de Madrid. En esta cita anual, los asesores fiscales han destacado los temas que más preocupan hoy al colectivo: la responsabilidad penal del asesor fiscal, la directiva sobre intermediación fiscal y la revolución digital en la Administración.

Está en proceso de trasposición la directiva sobre intermediación fiscal que va a obligar a los asesores a dar información a la Administración sobre las operaciones que tenga un componente fiscal agresivo en un plazo muy corto (30 días), lo que plantea muchos problemas, entre otros, porque no todos los países de la UE regulan la figura del secreto profesional del asesor fiscal. Además, en nuestro país no está delimitada la responsabilidad penal del asesor, y existen denuncias que pasan por tribunales que no tienen suficiente especialización en materia tributaria. En palabras de José Ignacio Alemany, presidente de AEDAF, “estos conflictos afectan principalmente al derecho del contribuyente de estar correctamente informado y asesorado para tomar decisiones sobre su patrimonio”.

Sobre la implantación de las nuevas tecnologías en materia tributaria en nuestro país, uno de los más avanzados del mundo en esta materia, Alemany ha señalado que partiendo de la base de que es positivo potenciar el cumplimiento anticipado y preventivo, lo cierto es que cada vez son más las gestiones que se hacen directamente en la página de la AEAT, que registra cada movimiento sin garantizar la protección de esos datos, que forman parte del derecho a la intimidad de los contribuyentes sobre sus datos patrimoniales.

Javier Gómez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de AEDAF, ha añadido que “legalmente era la Administración quien tenía la obligación de poner al servicio del contribuyente tecnología para facilitar la comunicación. Ahora, la obligación sistemática de usar los medios electrónicos ha convertido este derecho en una obligación del contribuyente, que ya no puede presentar nada en papel”. El año pasado fueron 350.000 personas las que presentaron su declaración de manera tradicional. “Un número pequeño pero representativo, ya que posiblemente pertenezcan a esa España vaciada donde no se tiene a mano una delegación de Hacienda o un banco”, ha explicado.

En cuanto al controvertido modelo 720, Esaú Alarcón y Alejandro del Campo, ambos miembros de AEDAF, han dejado claro que lo consideran una “vulneración flagrante del derecho comunitario, ya que quebranta al menos cinco libertades comunitarias y pone en el mismo saco a defraudadores que a contribuyentes desinformados”. AEDAF espera que en breve la Comisión Europea interponga un recurso que acabe con el abuso de este modelo, que, pese a ser informativo, tiene consecuencias de ganancia patrimonial no justificada más una sanción del 150%. Además, consideran que es mejor que los contribuyentes regularicen proactivamente su situación porque, aunque existen sanciones formales, no son tan elevadas como un requerimiento de la Administración, aunque siempre depende del caso.

En esta XII Jornada Nacional de Estudio se han debatido además otros temas como las sociedades profesionales y patrimoniales, el compliance fiscal y el artículo 37.1 b LIRPF, del que Carlos Romero, coordinador de la sección de IRPF de AEDAF, ha indicado que “es un precepto tremendamente desfasado y con una aplicación muy injusta por parte de la Administración tributaria, que hace tributar al contribuyente por cantidades que no ha percibido”.

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