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Los propietarios de Inca, un pueblo de Mallorca, que tengan perro estarán obligados a que lleven un chip identificativo y otra documentación, según normativas superiores, y a incluir a su mascota en el censo municipal que se elaborará prçoximamente. Las mascotas estarán sujetas, además, al pago de una tasa anual. La propuesta que se debatirá el mes próximo en el pleno es la de que se paguen en torno a 10 euros para inscribir al perro en el censo y que cada renovación anual suponga otros 5 euros.
Esta tasa se destinará a financiar la construcción y mantenimiento de papeleras adaptadas para excrementos, parques caninos o los pipi-can. También se ha creado la figura del agente rural. Se trata de un agente de policía, cuya único objetivo es el de ocuparse del control de perros y basuras en las zonas rurales.
La ordenanza municipal establece además que quedarán exentos del pago de la mencionada tasa los perros lazarillo, o los que desarrollen una tarea de apoyo a profesionales como puedan ser los perros de pastor, de rescate, o de detección de explosivos y estupefacientes.
Así pues, en Inca los perros no sólo deberán contar con el obligatorio chip, y otra documentación en caso de razas potencialmente peligrosas, también deberán llevar de forma visible una placa municipal que confirme que el perro ha sido inscrito en el censo.
Ángel García, concejal de Medio Ambiente, explica que «tras los casos de ataques a ovejas, a los que asistimos demasiado a menudo, es preciso ir agilizando herramientas de concienciación y control. Tener una mascota es positivo pero los propietarios deben ser responsables y tenerla en condiciones«. Cualquier perro que haya provocado ataques a rebaños, corrales o personas pasará a ser considerado peligroso.
Campañas
La aplicación de la normativa irá acompañada de campañas informativas. Pero además, el agente rural efectuará inspecciones para detectar animales no registrados. De igual forma se establecerán patrullas de la Policía Local, en distintos puntos de la ciudad y distintas fechas y horarios, para efectuar controles sobre los animales y comprobar que han sido censados. La ordenanza, pendiente de aplicar, establece además que sólo se podrá poseer un total de tres perros por vivienda.
