Se aprueba el desarrollo de la Ley de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral

Regula el cheque formación para desempleados para que las Comunidades Autónomas puedan ponerlo en marcha.

Impulsa una formación profesional para el empleo que mejore la empleabilidad de los desempleados y las capacidades de los trabajadores, y responda a las necesidades del sistema productivo

Permite mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados al Sistema de Formación

El Consejo de Ministros extraordinario de ayer aprobó un Real Decreto por el que se desarrolla la Ley del 9 de septiembre de 2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

En concreto, se desarrollará la regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo, los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las competencias adquiridas por los trabajadores. Además, se incorpora el desarrollo del nuevo sistema integrado de información que permitirá disponer de una información completa, actualizada permanentemente y verificable de las actividades formativas desarrolladas en todo el territorio nacional, que permitan su trazabilidad, y que desemboca en la «cuenta de formación» regulada en la Ley de Empleo.

En todo el territorio nacional

El ámbito de aplicación será en todo el territorio nacional, con el objetivo de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que mejore la empleabilidad y el desarrollo profesional y personal de los trabajadores, y que responda a las necesidades del sistema productivo y la competitividad empresarial.

Esta nueva norma continúa la senda iniciada con la aprobación de la citada Ley de 2015 de permitir mayor eficacia y transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados al Sistema de Formación. Además, regula el funcionamiento y financiación de las Estructuras Paritarias Sectoriales creadas por la Ley, que constituyen los referentes sectoriales estatales de la formación profesional para el empleo, en la detección de necesidades y en el diseño, la programación y la difusión de la oferta formativa para trabajadores ocupados.

El Real Decreto prevé que la Comisión Estatal de Formación para el Empleo asuma nuevamente las funciones del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo en materia de formación profesional para el empleo, reguladas en la mencionada Ley 2015.

Cheque Formación

Respecto al Cheque Formación, establece requisitos y condiciones que deberán cumplirse para el disfrute por los trabajadores desempleados del cheque formación y establece que las Comunidades Autónomas, previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, podrán ponerlo en marcha en el ámbito de actuación de sus competencias, dando cuenta a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Los gastos derivados del Real Decreto serán financiados por la Administraciones Públicas competentes en su gestión, a través de sus respectivos presupuestos. En el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el año 2017 se prevé la existencia de 1.086 millones de euros destinados a financiar iniciativas de formación dirigidas a trabajadores ocupados y 897 millones, para la formación de desempleados.

En la elaboración de este Real Decreto han participado las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y las Comunidades Autónomas; han emitido informe el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y el Consejo General de la Formación Profesional, y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Antecedentes

Al comienzo de la Legislatura el Gobierno inició una reforma integral del sistema de formación profesional para el empleo y sentó las bases para un cambio de modelo con el fin de superar las debilidades que el sistema venía acumulando. Con la reforma laboral, aprobada en febrero de 2012, se introdujo la nueva cultura del empleo, que garantiza el derecho a la formación permanente.

En este contexto se aprobó el 9 de septiembre de 2015 la Ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional que recibió el apoyo parlamentario del 90 por 100, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. La reforma fue fruto de un amplio proceso de diálogo y participación con los agentes sociales.

Las principales medidas adoptadas por la Ley para la mejora y eficacia del Sistema son:

• La gestión de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de las distintas Administraciones Públicas se abre a la concurrencia competitiva de todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos
• Se elimina la posibilidad de subcontratación, salvo para la contratación del personal docente
• Las acciones formativas podrán financiarse a partir del momento de su concesión o adjudicación.
• Se limita el pago anticipado con un límite máximo que no podrá superar el 25 por 100 del importe concedido. Igualmente, podrá preverse el pago de hasta un 35 por 100 adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa y, como mínimo, un 40 por 100 del importe concedido se hará efectivo una vez finalizada y justificada la actividad formativa subvencionada.
• Se apuesta por la evaluación permanente.
• Se incrementan los recursos para luchar contra el fraude, como el nuevo sistema integrado de información, o con la nueva unidad especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de formación profesional para el empleo.
• Se refuerza el régimen sancionador. Entre otras medidas se contempla como sanción accesoria la exclusión del acceso a ayudas, subvenciones por un período máximo de cinco años (en vez de dos) en algunas infracciones muy graves.
• Se fijan los módulos económicos máximos.
• Los costes indirectos no podrán superar el 10 por 100 del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.