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No existe perjuicio alguno para la Hacienda Pública cuando el importe de la deuda tributaria queda garantizado mediante la correspondiente caución prestada por el contribuyente.
No cabe acreditar la interrupción injustificada de actuaciones durante más de seis meses por parte de la Administración si ésta ha realizado actuaciones encaminadas a la obtención de información.
Es válida la notificación realizada por fax, puesto que cumple con los requisitos establecidos por el artículo 59 de la Ley 30/1992.
No es conforme a Derecho la providencia de apremio referida al anterior domicilio si el contribuyente ha cumplido con su obligación de notificar a la Agencia Tributaria la variación del mismo.
Si el contribuyente no subsana el defecto de acreditación de la representación habiendo sido requerido para ello, el recurso de reposición debe tenerse por no interpuesto.
El acuse de recibo de un burofax no constituye prueba suficiente a efectos de requerimiento del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
La exención en el I.V.A. de las ejecuciones de obras inmobiliarias de la Iglesia queda limitada, desde el 1 de enero de 1996, a las que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación.
El reconocimiento de la exención en el I.V.A. de una entidad dedicada a la prestación de servicios a la tercera edad debe realizarse por el conjunto de actividades que constituyan su objeto social y no por una en particular.
La presentación fuera de plazo de la solicitud de devolución del I.V.A. no puede impedir el ejercicio de la misma, al tratarse de un derecho reconocido en la Ley.