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Temas Publicaciones: Procedimiento
La falta de presentación de prueba alguna que acredite la imposibilidad de prestar garantía o los daños en caso de ejecución de la liquidación determina la inadmisibilidad de la suspensión solicitada.
Es necesaria la notificación individual de los valores catastrales aunque la valoración sea consecuencia de una alteración de carácter físico producida en el inmueble.
Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda tributaria, podrá continuarse la gestión recaudatoria con sus herederos requiriendo de pago al sucesor en los plazos establecidos.
Únicamente procede la rectificación de las diligencias de constancia de hechos aceptadas por parte de los interesados en caso de prueba de haberse incurrido en error de hecho.
La entidad bancaria que por error realizó un abono a Hacienda por orden de un cliente de una cantidad superior a la indicada está legitimada para solicitar la devolución.
No procede la suspensión en vía económico-administrativa de la ejecución de una providencia de apremio por haberse ingresado la deuda, ya que el art. 101.2 R.G.R. se refiere a suspensiones a acordar por el órgano de recaudación.
Si se produce una interrupción injustificada de actuaciones durante más de 6 meses habrá prescrito el derecho de la Administración para liquidar la deuda tributaria.
El plazo de un mes para dictar la liquidación por el órgano administrativo en el caso de Actas de Conformidad se considera plazo de caducidad.
La entidad bancaria comercializadora de un producto financiero que realiza una interpretación errónea de la norma fiscal sin contrastarla con la Agencia Tributaria debe responder por su negligencia y falta de buena fe.